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El expresidente Alberto Fernández amplió este viernes su declaración indagatoria ante el juez Sebastián Casanello, en el marco de la causa que investiga posibles maniobras ilícitas en contrataciones de seguros durante su mandato. En su defensa, rechazó haber cometido delitos, solicitó su sobresimiento y presentó pruebas para respaldar su versión.
Fernández está imputado por los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Su abogada, Marina Barbita, expresó que el exmandatario pidió que se convoque como testigos a Vilma Ibarra, Santiago Cafiero, Martín Guzmán y Miguel Pesce, y sostuvo que "el decreto que firmó fue beneficioso para el Estado".
La defensa también apuntó contra la actuación del juez Julián Ercolini. “Sabíamos y lo dijimos, que Ercolini no era imparcial. Ahora fue respetuoso, pero ya estábamos alertados”, señaló Barbita.
En un comunicado, el entorno del expresidente criticó la imputación por considerarla “ni clara, ni precisa, ni circunstanciada”, y defendió el Decreto 823/2021, que obligaba a los organismos del Estado a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros. Afirmaron que la medida tenía como fin proteger el patrimonio público y no beneficiar a terceros.
Fernández también se refirió a su vínculo con el broker Héctor Martínez Sosa, y aseguró que, aunque lo conoce desde hace años, nunca lo favoreció desde su rol como presidente. “Ya trabajaba con el Estado antes de mi mandato”, afirmó.
Además, respondió a un informe de la Procelac sobre su patrimonio personal, negando cualquier irregularidad y asegurando que sus bienes se corresponden con su trayectoria profesional y pública.
La investigación, que sigue en curso, abarca 45 contratos, la participación de 25 intermediarios y el presunto desvío de fondos públicos a manos privadas a través del cobro de comisiones millonarias. También está implicado Daniel Rodríguez, exintendente de la Quinta de Olivos, quien es investigado por supuestamente ocultar patrimonio vinculado a Fernández o Martínez Sosa.
Por el momento, el juez Casanello no definió la situación procesal del exmandatario, y se prevén nuevas medidas judiciales en las próximas semanas.
