Muy Salta
Este lunes se cumplieron 500 días desde el lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA, revelando un entramado de opacidad y falta de trazabilidad. Con un perjuicio acumulado que asciende a US$285 millones, los involucrados, incluyendo al "empresario" Hayden Mark Davis, permanecen en la sombra, evitando la exposición pública. A su lado, los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy también se encuentran en el centro de esta crisis financiera.
El caso está marcado por la falta de claridad en el manejo de fondos. Davis admitió haber retirado US$110 millones en las horas posteriores al debut fallido de la "memecoin", pero no ha proporcionado información sobre el uso de esos recursos ni su posible generación de intereses desde el 14 de febrero de 2025. A más de 16 meses, no hay datos verificables sobre el destino de estos fondos.
El colapso ocasionó un escándalo internacional que derivó en múltiples acciones legales. En Buenos Aires, se inició una investigación donde Milei, Davis, Novelli y Terrones Godoy son investigados por presuntas estafas y negociaciones incompatibles. Además, se presentó una demanda colectiva en tribunales de EE.UU.
Para frenar las acciones legales en Estados Unidos, los abogados de Davis notificaron la creación del fideicomiso “The Libra Trust”. Aseguraron que este se capitalizaría con un porcentaje no especificado de lo recaudado tras un posteo presidencial en la red social X. Según sus creadores, el fideicomiso está dirigido a pequeñas empresas y emprendedores argentinos, prometiendo subvenciones, pero siete meses después de su apertura, las pymes afirmaron no haber recibido más información tras un correo automático.
El nivel de opacidad del "Libra Trust" es alarmante. No se especifica su localización, el administrador, ni los montos que se distribuirán. En respuesta a consultas, el “Trust Administrator” eludió proporcionar información, aduciendo el secreto. Se limitaron a indicar que el fiduciario tiene libertad para determinar quién califica como “inversor sofisticado”, excluyendo a aquellos que reclamaron posteriormente al 22 de noviembre de 2025.
Adicionalmente, el fideicomiso no ha podido justificar el estado de las 71 empresas supuestamente registradas ni la falta de un “white paper”, argumentando que tales documentos solo atraen inversores.
Un aspecto crítico del fideicomiso son los riesgos de lavado de dinero, ya que no ha gestionado validaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ni de la Unidad de Información Financiera (UIF). Argumentaron que su configuración offshore serviría para operar sin interferencias políticas.
Frente a advertencias sobre el riesgo de que las pymes reciban criptomonedas de origen cuestionable, el fondo insistió en contar con sus propios asesores, aunque advirtieron que "los receptores deberán obtener su propio asesoramiento". El fiduciario minimizó el riesgo, argumentando que solo los entes regulados deben verificar el origen de los fondos.
Finalmente, el organismo no divulgó las cláusulas de prórroga ante demandas y reconoció la falta de mecanismos que lo responsabilicen si no se cumplen los desembolsos previstos antes del próximo 22 de noviembre. El vocero del fondo concluyó el intercambio sin revelar su identidad, sumando más misterio a un caso ya complejo.
