Imputan a contrabandistas que enviaban aceite a Bolivia con mangueras desde Salta

En un operativo llevado a cabo en Salvador Mazza, la Justicia Federal imputó a cuatro personas por contrabando agravado de aceite de soja hacia Bolivia. La organización habría exportado ilegalmente más de 2,4 millones de dólares en mercadería entre 2022 y 2024, utilizando un sistema de mangueras conectadas entre camiones cisterna de ambos lados de la frontera.

El procedimiento se realizó tras una investigación iniciada en enero de este año por la Fiscalía de Distrito de Salta, liderada por el fiscal general Eduardo Villalba, junto a la Unidad de Reunión de Información de Gendarmería Nacional y la Dirección General de Aduanas. Los resultados fueron presentados ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya.

Según detallaron los fiscales Mariana Gamba Cremaschi y Jorge Viltes Monier, las operaciones se realizaban desde un inmueble conocido como “Don Ramón” hasta un predio fronterizo llamado “El Chorro”. Allí conectaban mangueras con camiones bolivianos. Solo en la última maniobra, se estima que traspasaron más de 30 toneladas de aceite, usando documentación falsa emitida por una empresa fantasma radicada en Santa Fe.

El operativo del viernes pasado permitió detener a dos miembros de la banda in fraganti, mientras transportaban el aceite hacia Bolivia. Un tercero fue capturado en su domicilio.

El hecho más grave ocurrió durante la detención del presunto jefe de la banda, identificado como F.S.G., quien disparó con una pistola 9 mm contra un comandante de Gendarmería, hiriéndolo en el antebrazo. El proyectil atravesó su brazo y quedó alojado en el chaleco antibalas. El agresor fue reducido por sus compañeros.

El perjuicio fiscal por derechos de exportación no abonados supera los 720.000 dólares, sin considerar la pérdida en ingresos al sistema financiero formal.

Los detenidos fueron imputados por contrabando de exportación agravado por la cantidad de intervinientes, mientras que el líder enfrenta además cargos por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por tratarse la víctima de un funcionario público. Todos quedaron con prisión preventiva y se autorizó la continuidad de la investigación.